Los regantes presentan alegaciones contra los cuatro parques eólicos proyectados entre Sariñena y Villanueva de Sijena

La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón respalda los argumentos de Lasesa y apoya a las 170 familias afectadas

HERALDO DE ARAGÓN.- Concluido el mes de exposición pública de los anteproyectos para la construcción de cuatro parques eólicos en los términos municipales de Sariñena y Villanueva de Sijena, la comunidad de regantes Lasesa ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su escrito de alegaciones, con un centenar de observaciones. El escrito suma el apoyo de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. Además del propio colectivo, a nivel individual, también han presentado alegaciones el 80% de los propietarios afectados, es decir, 170 agricultores.

Todos ellos solicitan que la declaración de impacto ambiental sea desfavorable y que se archive el expediente. “Se ha evidenciado que el impacto sociodemográfico sería negativo para la población y para el territorio”, sostiene Fernando Regaño, presidente de Lasesa. “El estudio y los anteproyectos sometidos a exposición pública son más bien esbozos de una inversión, donde no hay ni un solo ensayo geotécnico, no se han trabajado los emplazamientos individualizados y en los que ni siquiera se aprecian las características básicas que requiere cualquier evaluación de impacto ambiental”, añade.

En este sentido, Regaño subraya que “el promotor tampoco ha contado con la valoración e intereses de los propietarios, ni de la población donde se proyectan los parques. Además, las medidas correctoras y compensatorias no se adecúan a los impactos valorados. Vista la documentación parece que el promotor busca la resolución negativa de las administraciones a los anteproyectos presentados, con el único objeto de tener la excusa perfecta para recuperar los avales”.

Además de pedir que el expediente sea archivado, Lasesa exige que nunca se otorgue la declaración de utilidad pública a estos anteproyectos, “pues por los emplazamientos elegidos, sólo se incrementa el beneficio del promotor a costa de las inversiones previas realizadas por sus propietarios, en una buena parte con fondos públicos, y además expolian el futuro agronómico de la zona, debido a las servidumbres que irrogan”. A su juicio, los promotores (sociedades limitadas constituidas con el capital mínimo imprescindible) pretenden aprovechar los caminos, nivelaciones y parcelaciones realizadas para las fincas de regadío durante años, con el fin de abaratar sus costes de instalación y mantenimiento.

El proyecto de construcción de cuatro parques eólicos dentro de la Comunidad de Regantes Lasesa contempla la construcción de 36 molinos de 5,5 megavatios cada uno, que afectarían de forma directa a 211 parcelas de regadío y a 50 caminos agrarios, e indirectamente a unas 1.800 hectáreas de las 9.700 con que cuenta la Comunidad.

Fernando Regaño insiste en que “nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de que la generación eléctrica sea de origen renovable y, si es posible, que estas inversiones se hagan en los municipios en los que vivimos, pero siempre que sea respetando el futuro del regadío sin renegar o abandonar las importantes inversiones realizadas, en buena parte con dinero público”. Lasesa fue promotora de una inversión fotovoltaica en 2008 y otra de autoconsumo en 2021, ambas en tierras de secano. En este sentido, la Comunidad de Regantes se ofrece a colaborar con el promotor buscando alternativas viables para ambas partes, pero “obviamente repercutiéndole los costes que conlleve”.

Desde Lasesa recuerdan que “el gran problema del mundo a corto plazo no es energético sino de alimentos, del tal forma que según la FAO, con el agua dulce y las tierras fértiles actuales, en 30 años los agricultores del regadío y los ganaderos deberán duplicar su producción de forma sostenible”. Una vez que los afectados han presentado sus alegaciones, corresponde al promotor estudiarlas, subsanar las deficiencias y, finalmente, será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quien, tras escuchar a todas las partes, decidirá si los expedientes siguen su curso y, en su caso, de qué manera

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